Movimientos Sociales y democracia representativa

Notas sobre el Primer Congreso Nacional de Estudio de los Movimientos Sociales

Por Samael HERNÁNDEZ RUÍZ.

La realidad y los retos de los movimientos sociales en América Latina, sobre todo estos últimos, no parecen centrarse en la actual ola de criminalización de la protesta.

En la conversación sostenida por tres destacados especialistas del tema: Manuel Antonio Garretón (Chileno)Alberto Acosta (Ecuador)  y Luis Tapia Mealla ( Bolivia), el tema de la criminalización de los movimientos sociales fue desplazándose gradualmente hacia otro no menos importante e interesante.

La criminalización fue descrita como la reacción “natural” de los gobiernos neoliberales, de quienes no se podría esperar un apoyo a la protesta social. Nada tiene pues de extraño que los movimientos sociales sean criminalizados por el Estado, a pesar de los discursos de la transición a la democracia o los derechos humanos. Por otra parte, sería importante discutir la legitimidad de la violencia de los movimientos sociales.

Los contertulios no se referían a la propuesta de lucha armada de los años cincuenta, sesenta, vigente en Latinoamérica incluso en los años setenta; sino a la violencia callejera que se observa en algunas manifestaciones de protesta en México y en el mundo. ¿Puede explicarse este tipo de violencia? Más aún ¿Se puede justificar?

La inevitabilidad de la protesta violenta deriva muchas veces de la violencia del Estado, pero el problema se complica cuando se observa que incluso en gobiernos que proceden de los movimientos sociales como es el caso de Ecuador, se criminaliza y reprime la protesta (Acosta). Funcionarios públicos que fueron militantes activos de movimientos sociales, una vez que llegan a cargos de gobierno parecen olvidarse de su origen político y además de su corrupción y  de actuar en contra de los intereses de los movimientos sociales,  reprimen y encarcelan a dirigentes populares y los presentan como enemigos de la democracia y del progreso del pueblo.

Estos resultados  que pueden observarse incluso en Oaxaca en la conducta de funcionarios públicos que fueron apoyados por organizaciones civiles, sindicales  y movimientos sociales, y que después actuaron en contra de los intereses de sus antiguos aliados o incluso los reprimieron, estos hechos, diría Garretón, se explican porque al final, el Estado opera para la gobernabilidad.

Lo anterior ha llevado a que algunos movimientos sociales cuestionen la representatividad como forma para hacer efectiva la defensa de sus intereses (Luis Tapia). En efecto, en algunos movimientos sociales se ha optado por fortalecer espacios políticos internos, donde no hay delegación de autoridad, ni representatividad, sino presencia directa para actuar y opinar. Ejemplos de esta estrategia se observan en Los Sin Tierra del Brasil y el EZLN mexicano.

En  Bolivia un gran frente de sindicatos campesinos, conservando sus espacios políticos internos, han logrado evitar que el partido político que los representa se salga con la suya independizándose de la base social que le da sustento. Esto me recuerda el caso del MULT en Oaxaca, que terminó en conflicto con su creación, el PUP.

Lo anterior pone en cuestión la representatividad en los movimientos sociales como sustento de la independencia, autonomía y medio para la comunicación con el Estado e incluso con otros movimientos sociales.

Al parecer la representatividad tiene una fuerte carga ideológica que hace suponer que si un representante es electo democráticamente, transforma su esencia y encarna, como por arte de magia, la substancia del movimiento social que  le delega la representación. La experiencia de los movimientos sociales, parece mostrar que eso no sucede, al menos, con la mayoría de sus “representantes”.

En pocas palabras, si todo lo anterior resulta cierto, la democracia popular representativa en el ámbito de los movimientos sociales y en todo el campo de la política, está haciendo agua.